DEMOCRACIA Y NEOLIBERALISMO

Ver anterior: GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y DICTADURA.

LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA, AJUSTE ESTRUCTURAL Y AJUSTE EXPANSIVO (1983-2001)

El 30 de octubre de 1983 es electo presidente Raúl Ricardo Alfonsín, apoyado por un amplio consenso, con la propuesta de construir un Estado de derecho. Sin embargo, la vigencia de las instituciones democráticas no alcanzaba para desarmar la trampa económica heredada del gobierno militar y responder a los reclamos populares.

RAÚL RICARDO ALFONSÍN, 1983

Los sectores económicos concentrados, asociados al capital financiero internacional, impulsaron el acuerdo del gobierno con el F.M.I. (Fondo Monetario Internacional) para regularizar el problema de la impagable deuda externa. La presión ejercida por estos grupos, junto con los reclamos obreros hizo peligrar la continuidad del gobierno.

Debe reconocerse a favor de éste gobierno el afianzamiento de las libertades democráticas y el enjuiciamiento de las Juntas Militares que encabezaron la represión durante la última dictadura. En 1983 el contexto económico internacional estuvo marcado por una traumática moratoria de la deuda externa mexicana que provocó un impresionante aumento en las tasas de interés. Los países deudores como la Argentina debieron ordenarse bajo un modelo de ajuste estructural. El gobierno tuvo el compromiso de asegurar, antes que nada, el pago de los compromisos internacionales.

Los cinco años y medio de la renovada ilusión democrática, finalmente frustrada, son la historia del enfrentamiento entre quienes quieren cobrar estrictamente y aquellos que intentan, sin lograrlo, reformular esa exigencia para dejar un espacio para el desarrollo de una política nacional relativamente autónoma.

El Ajuste Estructural es el enfoque neoliberal de la estrategia de crecimiento. Este enfoque se orienta hacia dos objetivos: Por una parte, el puntual pago de la deuda externa; Por otra, busca insertar a las economías de los países dependientes en el nuevo escenario económico internacional. El principal argumento que utiliza este enfoque es el elevado costo que implica mantener el Estado de Bienestar, característico de la etapa anterior. El Estado, entonces, debe reducirse en tamaño y aumentar en eficiencia para ser menos costoso a la actividad privada que para su sostenimiento debe pagar altos impuestos. La reducción del Estado debe realizarse al costo social que sea necesario y su intervención reguladora debe ser suprimida para que las fuerzas de la iniciativa empresarial se desarrollen dentro de las fuerzas del mercado.

Para lograr la reducción del Estado de Bienestar existe una “receta”: La privatización, la apertura comercial y financiera, la desregulación y la estabilidad de la moneda. Estas acciones privilegian el equilibrio de las cuentas del Estado y exigen un excedente presupuestario anual equivalente al pago del capital y los intereses de la deuda externa.

LEVANTAMIENTO MILITAR DE SEMANA SANTA

Entre 1983 y 1987 se intentó, en un principio, acordar con los acreedores un plan de pagos que permitiera la acumulación interna y dilatara los plazos para los pagos de los compromisos existentes. Más adelante, se intentó conformar un “club de deudores” para afrontar de forma conjunta con otros estados latinoamericanos el proceso de negociación con los acreedores externos. A los sucesivos fracasos de estos intentos se sumó la pérdida de la credibilidad de la palabra oficial cuando se desató la crisis militar de Semana Santa.

El poder económico concentrado, la C.G.T., y los bancos acreedores, jugaron un importante rol perturbador económico y social, donde cada sector defendía sus propios intereses perjudicando al conjunto de la sociedad, acelerando la inflación y debilitando al poder del Estado para negociar con el exterior.

Entre 1985 y 1989 se vivieron cuatro años de crisis económicas recurrentes, de conflictos sociales (13 paros generales de la C.G.T.), que acentuaron el retroceso productivo. El “golpe de mercado” final fue el derrumbe del Plan Primavera, ideado en Agosto de 1988. EL plan, fue un acuerdo intersectorial e internacional que apuntaba a contener la inflación y a buscar un acuerdo con los acreedores externos a quienes se les habían suspendido el pago de los intereses de la deuda desde principio de año.

A principios de 1989, la banca financiera multilateral, los acreedores externos, los grandes grupos económicos y la dirigencia política opositora decidieron que era preferible apostar al candidato opositor y descartar todo acuerdo con el gobierno. El acelerado aumento de precios entre marzo y mayo de 1989 destruyó el Plan Primavera provocando una hiperinflación de tres dígitos y precipitó una entrega anticipada del gobierno en medio de saqueos y asaltos a comercios.

La crisis hiperinflacionaria compartida entre el gobierno entrante, de Carlos Saúl Menem, y el saliente, de Alfonsín, elevó a cifras inéditas los niveles de pobreza y desempleo. El P.B.I. de 1989 fue un 10% menor al de 1983, e incluso menor al del inicio del gobierno militar.

Ver siguiente: MENEM Y EL AJUSTE EXPANSIVO.